DEBATE
Costos de la desnacionalización
La compra de la petrolera Perez Compac por Petrobras mide la crisis de la dirigencia empresarial y la desprotección de los intereses de la sociedad.
Por Jorge Lapeña.
Publicado en Clarín el 14 de Agosto de 2002.
La compra de Perez Companc por la estatal brasileña Petrobras ha sido un hecho altamente impactante; difícil no sentirse conmovido viendo al segundo grupo empresario nacional —una verdadera nave insignia— pasar de la noche a la mañana a manos de una empresa estatal extranjera; difícil expresar en forma coherente los sentimientos que ello provoca en cada uno de nosotros, difícil no sentirse turbado, frustrado, sorprendido....
Producido el hecho no es fácil sacar conclusiones únicas, porque al impacto macroeconómico en sí debe sumarse el hecho de que Perez Companc no es una empresa grande; es mucho más que eso: es un grupo empresario ramificado con intereses diversificados sectorialmente, que opera mayoritariamente en un sector estratégico y además, con fuerte presencia internacional en Sudamérica.
En primer lugar hay que puntualizar que esta venta con ser sorpresiva no deja de formar parte de una corriente general de desnacionalización que se viene operando en nuestro país desde la pasada década y que, por repetida, ha pasado a ser tomada por normal dentro de un proceso general de aflojamiento de la argentinidad que se da en un contexto de quiebra del Estado, al que se suma la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y de la fe en la movilidad social que da una economía en expansión.
La venta está inscripta en el contexto de una crisis terminal de la dirigencia argentina que no abarca sólo a la clase política o a la justicia como erróneamente se pretende hacer creer, sino que incluye en forma clara a una parte del empresariado que ha operado siempre muy cerca de los funcionarios de turno y que ha formado parte indisoluble de la concepción y de la ejecución de las políticas implementadas en los 90. Es fácil ver representado en el sector petrolero el ejemplo de este fenómeno.
La desestatización de la economía, que en este sector se materializó primero con la venta de activos y luego con la privatización y extranjerización de YPF, fue siempre impulsada por un empresariado que compró los bienes estatales y que por eso tuvo un extraordinario crecimiento; pero que, una vez en posesión de esos bienes privatizados, no fue capaz de construir sobre los mismos un auténtico empresariado nacional capaz de defender intereses de largo plazo del conjunto de la sociedad (mercado interno, producción nacional, trabajo argentino, inclusión social, etc.) y que en cambio terminó siendo la puerta de entrada de la extranjerización.
La descripción de dirigencia en crisis no sería completa si no hiciéramos mención de una elite pseudointelectual que, nucleada en centros de estudios e institutos de investigación financiados por esas empresas, dio cobertura ideológica y mediática a la implementación de las políticas cuyos desastrosos efectos para la Nación son hoy claramente visibles.
El segundo flanco de la cuestión surge como una pregunta todavía sin respuesta y es la referida a cómo deberá hacer de aquí en más un país como Argentina —si pretende seguir siendo tal— para fijar y conducir políticas nacionales sobre todo en sectores estratégicos como el energético, cuando prácticamente como ocurre en el caso del petróleo, éste se encuentra totalmente en manos extranjeras (la producción nacional de petróleo y gas proveniente de empresas argentinas después de esta venta será menor del 10%).
¿Cuáles deberán ser son los instrumentos de fijación de políticas que deberá tener a su disposición para su aplicación el Estado? ¿Cómo hará éste para sustraerse a las influencias de un empresariado extranjero altamente entrenado y aun de los embajadores de esos países extranjeros?
¿Podrá por ejemplo el sector energético argentino y petrolero en particular seguir sin Ley de Hidrocarburos, es decir, sin marco regulatorio? Tal como han venido pregonando los empresarios del sector en todos estos años.
Estas cuestiones están lamentablemente todavía sin repuesta; y no obstante, como es fácil observar, no forman parte de la plataforma política de ningún candidato.
La tercera cuestión que cabe abordar es la referida a la configuración de Perez Companc, que es un holding con un importante grado de integración vertical sectorial y subsectorial cuyos activos declarados ascendían a fines de 2001 a 6.200 millones de dólares.
Las empresas controladas y no controladas del grupo intervienen muy activamente en la exploración y producción de petróleo y gas, en el transporte y la refinación de hidrocarburos y en la petroquímica, pero también en la generación, el transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y en la producción de combustibles nucleares. Además posee empresas en las áreas minera, agropecuaria y agroindustrial.
A causa de ello aún no es fácil aventurar un pronóstico del impacto real de este hecho en la economía; para ello es necesario hacer un estudio caso por caso acerca de cuál es el verdadero impacto de una decisión de venta como la que se anunció en cada rama de la actividad; sobre todo, pero no exclusivamente, teniendo en cuenta cómo se verá afectada la competencia y el funcionamiento de mercados, y en definitiva, si el poder de mercado del grupo al combinar éste con el de Petrobras podrá alcanzar posiciones dominantes y ser utilizado en perjuicio de los consumidores.
Para muestra, sobra un botón
Veamos un sencillo ejemplo: la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrolló y produce el combustible nuclear para las centrales nucleares de Atucha I y Embalse.
En 1982 la CNEA creó las empresas mixtas Combustibles Nucleares Argentinos SA (CONUAR S.A) y Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE S.A) cuya misión es abastecer en forma monopólica de combustibles a las centrales.
Las empresas y sus plantas fabriles están ubicadas dentro del Centro Atómico Ezeiza perteneciente a la CNEA e integran un conjunto diversificado de instalaciones nucleares. En ambas empresas el socio privado, que además realiza el gerenciamiento de las plantas industriales, es la empresa argentina Perez Companc. Es difícil de imaginar que a partir de algunas semanas sea la empresa petrolera brasileña Petrobras la que realice estas actividades; sobre todo si esto no formó parte —lo que hubiese sido muy positivo— de un acuerdo global y de interés recíproco sobre el desarrollo nuclear entre ambos países. Es difícil imaginar una convergencia estratégica ente la CNEA y Petrobras, que ni siquiera se conocen. ¿Será el interés argentino en materia nuclear convergente con el interés brasileño? ¿Qué papel jugará en el diseño de la estrategia de CONUAR la empresa estatal brasileña? ¿Cómo resolverá los conflictos de intereses? Evidentemente, en este caso el Estado argentino debe evaluar y actuar en forma previa.
En base al simple ejemplo anterior —que sirve para evaluar la complejidad de los detalles— el gobierno debe solicitar dictámenes específicos en plazos perentorios a los organismos del Estado que tienen funciones regulatorias de fijación de políticas y de control en las áreas en las que opera el grupo empresario (ENRE, ENARGAS, Secretaria de Energía en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 17319, Comisión de Defensa de la Competencia, CNEA) a los efectos de definir eventuales condicionalidades a la operación.
Sin pretender ser taxativos, un breve listado de temas sobre los que estos organismos tendrán que expedirse son: a) Ley de Hidrocarburos Nø 17319, título IV "Cesiones" para las áreas que PECOM mantiene como concesionario de explotación y/o permisionario de exploración (las autorizaciones no son automáticas y exigen prerequisitos); b) Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156 en lo relativo al mercado de combustibles líquidos; c) cumplimiento de las pautas de las leyes de marco regulatorio eléctrico y gasífero 24065 y 24076 en lo relativo a independencia de los negocios.
Finalmente cabría preguntarse si como resultado de esta operación los argentinos podrían tener alguna ventaja que implique una mejora en su nivel de vida, sea en la forma de menores precios pagados por los productos petrolíferos y gasíferos producidos por el nuevo dueño o en mayores empleos. Sobre esta cuestión me atrevería a opinar que dadas las características estructurales del mercado de combustibles, fuertemente oligopólico, y donde un solo actor maneja el 50% del mercado, la presencia de un jugador como Petrobras actuando como empresa integrada con una porción de mercado del orden del 12 al 15 % no redundará en beneficios importantes para el consumidor, al menos en el corto plazo.
Cabe hacer una reflexión última y es la referida al análisis particular del comprador. No debe olvidarse que Petrobras es una empresa de la cual es parcialmente dueño y director el Estado brasileño; en función de ello, una operación de tal envergadura, si bien pudo haberse manejado en el mayor de los sigilos, no pudo haber sido ajena al conocimiento del más alto nivel del gobierno brasileño, que por lo menos debe haber dado su acuerdo político.
Es precisamente en función de esto último que el Gobierno argentino no debería perder la oportunidad política de exigir —previo análisis detallado de la operación— el cumplimiento de algunas condicionalidades estratégicas que resguarden el interés nacional.
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