Ing. Gerardo Rabinovich
Vicepresidente 2o Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
El sector energético se ha transformado en una pesadilla para la economía argentina. Políticas aplicadas a lo largo de los últimos veinte años vuelven a ser ejecutadas sin tener en cuenta la correlación cada vez más estrecha entre la energía y la macroeconomía y el impacto que estas políticas han producido en el pasado.
La caída de la producción y de las reservas probadas de petróleo y gas natural, han sido el origen del incremento de las importaciones de gas natural licuado o por gasoducto de Bolivia y de combustibles líquidos (gas oil y fuel oil) originando un déficit comercial muy grande. Estas importaciones se pagan en dólares, prácticamente sin financiamiento, contra entrega del cargamento.
El déficit acumulado de la balanza comercial energética entre 2010 y 2020 alcanzó la considerable suma de 28.127 millones de u$s[1]. Solamente en 2010 y 2020 se registraron saldos positivos como consecuencia en el primer caso del arrastre de la década anterior, y en el segundo del impacto del COVID 19 que produjo una fuerte caída de la demanda que generó saldos exportables de petróleo crudo (ver Gráfico 1).
Gráfico 1 – Balanza comercial energética entre 2010 y 2020
Por otro lado, los subsidios a las importaciones de hidrocarburos y a la producción de gas natural produjeron un déficit fiscal que en su pico alcanzó mas de 4% del PBI. Entre 2016 y 2019 fue prioritario reducir este déficit, llegando a 1,7% del PBI en 2019. En 2020 se introdujo en la ley de presupuesto de 2021 un límite al déficit fiscal causado por los subsidios al sector energético que no deberá superar el 1,7% del producto interno bruto.
Los subsidios energéticos acumularon entre 2010 y 2020 una sorprendente cifra de 129.561 millones de u$s con un pico de casi 20 mil millones de u$s en 2014 (ver Gráfico 2), lo que sumado al déficit comercial comentado anteriormente revelan que el sector energético devoró 157.688 u$s de la riqueza nacional en tan solo diez años. Para tener idea de lo que significa esta cifra, representa casi 3 veces el préstamo acordado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Cambiemos.
Gráfico 2 – Subsidios energéticos totales 2010-2020
Sin embargo, el congelamiento de precios y tarifas y la voluntad de no ajustarlos más allá de un 9% este año impone un desafío casi inalcanzable a la administración económica del actual gobierno. La decisión de no incrementar las tarifas y a lo sumo mantenerlas muy por debajo de la inflación prevista este año tiene objetivos claramente políticos/electorales, ya que en octubre se celebrarán las elecciones de medio término y el oficialismo apuesta todo su capital en incrementar su representación parlamentaria con vistas a las presidenciales de 2023.
Estos objetivo se contrapone a la necesidad de ordenar la macroeconomía, y en ese aspecto el anclaje de la política de precios y tarifas energéticas representa una carga que en el pasado produjo problemas de abastecimiento, cortes de suministro de energía eléctrica, que en 2015 tuvo su peor performance del siglo, con una frecuencia y duración de cortes muy por encima de lo social y económicamente aceptable También el abastecimiento de gas estará condicionado por la disponibilidad de divisas para su importación, y por lo tanto es posible que en el invierno no haya suficiente gas para abastecer el pico de la demanda.
El contexto se completa con el impacto de la pandemia del COVID 19 sobre nuestra vida cotidiana limitando la actividad de la industria, el transporte, la educación, y todo lo que hasta ahora considerábamos como una vida “normal”. El abastecimiento seguro y confiable de la energía se ha transformado en una necesidad ineludible para quienes confinados en sus hogares no pueden tolerar cortes de luz prolongados ni frecuentes.
Para poner esto en números concretos, solo basta recurrir a los informes estadísticos que el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” publica en forma periódica, allí podemos ver que la producción de petróleo cayó en 2020 a los niveles mas bajos desde 1990, y similares a la producción que tenía nuestro país en 1974. La recuperación moderada que se había obtenido en 2018 y 2019 se evaporó con la pandemia del COVID 19 en 2020[2].
El crecimiento de la producción del shale oil en Vaca Muerta, que ya representa el 25% del petróleo que se produce en el país, no alcanzó a compensar la caída de la producción convencional.
El deterioro productivo es mas agudo en el caso del gas natural ya que en 2020 cayo un 8,6% respecto de 2019, y es inferior en un 4,3% a la producción del 2010. El comportamiento del año pasado interrumpió una tendencia creciente en la producción desde 2016, como resultado de exitosas operaciones en los yacimientos de shale gas en Vaca Muerta, en particular el área Fortín de Piedra, de la firma Tecpetrol. La producción del shale gas representa casi la mitad del gas producido, pero el comportamiento en 2020 fue marcadamente negativo.
La post pandemia está condicionada a la recuperación económica, y nuevamente la macroeconomía con sus señales negativas a la inversión, con tasas de financiamiento elevadas y un riesgo país alto, impone serias dudas sobre el comportamiento del sector energético en los próximos años y exige una coordinación entre energía y economía para el diseño de políticas posibles en las actuales circunstancias.
En este sentido las audiencias públicas para la discusión de precios y tarifas convocadas por la Secretaria de Energía y los Entes Reguladores de la Electricidad y del Gas Natural, muestran que los objetivos al interior del Gobierno son divergentes[3], y los resultados no pueden ser buenos si se repiten las políticas energéticas que prevalecieron durante la mayor parte de este siglo.
Gerardo Rabinovich
Buenos Aires, 29 de marzo, 2020
