A un año de las elecciones presidenciales, la salida forzada de la italiana desalienta la llegada de inversores extranjeros. El Gobierno hará lo imposible para que quede en manos locales..

Por Daniel Barneda

La venta de los activos de ENEL en Argentina es una crónica de una salida anunciada. No fue un baldazo de agua fría como lo sugirieron algunos analistas. 

Ya en septiembre de este año, el CEO de ENEL en Argentina, Claudio Cuhna, que controla a la principal distribuidora de electricidad del país, Edesur, había criticado la imprevisibilidad tarifaria que rige en el país y había reclamado un marco regulatorio independiente del gobierno de turno.

«En otros países de la región, con un escenario social similar al argentino, los gobiernos han privilegiado establecer reglas claras y estables para el sector y no se han tocado las reglas macroeconómicas, ni financieras, ni tarifarias», dijo durante un seminario. 

 El malestar ya era evidente. El reciente comunicado de la empresa italiana anunciando su salida de Argentina bajo el eufemismo de un «reposicionamiento de negocios y geografías con foco en la electrificación sostenible para el período 2023-2025», tiene como telón de fondo las consecuencias de un atraso tarifario estimado en 300% y la falta de seguridad jurídica desde el año 1993 hasta hoy.

Sí, está claro que Argentina dejó de ser un mercado estratégico para ENEL. Imprevisibilidad tarifaria, incremento de costos operativos, prohibición de girar dividendos, restricciones para importar equipos e insumos y la incertidumbre regulatoria, fueron los principales motivos que forzaron la salida de los italianos.

  • En Argentina, ENEL es dueña de Edesur, además de la central eléctrica Costanera Sur (2.300 MW de capacidad) y tiene el 40% de la central térmica Dock Sud; la hidroeléctrica El Chocón-Arroyito, que aporta una generación de 1.328 MW al sistema eléctrico nacional y las líneas de transmisión CTM y TESA (que conectan los sistemas de energía eléctrica entre Brasil y el noreste argentino) y Yacylec (transporta la energía de Yacyretá). 

 

El Chocón está constituido por una presa de 2.540 metros de largo y 86 de alto sobre la fundación y una central hidroeléctrica ubicada en la margen izquierda del río inmediatamente aguas debajo de la presa

Desde la empresa aseguraron que el objetivo de esta reestructuración, es hacerse de liquidez para reducir significativamente su deuda. La tasación global de los activos puestos en venta asciende a US$ 22.000 millones.  En América Latina solo mantendrá presencia en Brasil, Chile y Colombia, y venderá sus activos en Argentina, Perú y Rumania.

Para los analistas es una pésima noticia para los inversores. Emilio Apud, ex secretario de Energía, afirmó que «la empresa era una de las pocas que había aguantado el intervencionismo del Gobierno actual. Con empresas como Chocón, Costanera y Dock Sud deja 12% de la potencia instalada en generación, además de Edesur con un mercado de más de 2,5 millones de clientes ubicados en una superficie del AMBA de 3.300 KM2. Dentro de su plan de reestructuración financiera a nivel mundial, en Latinoamérica ha preferido seguir en Colombia, Chile y Brasil, antes que en Argentina donde, por cuestiones ajenas a su gestión, ha acumulado pérdidas por más de US$ 800 millones».

Algunos expertos coinciden en afirmar que existen numerosos desafíos en el sector, como por ejemplo incorporar tecnología que mejore el desempeño y la economía de las redes; que los usuarios inviertan en generación fotovoltaica y se transformen en pro-consumidores y las consecuencias de la movilidad eléctrica, entre otros.

«Los desafíos están pero se necesitan empresas a la altura y un ejercicio de la regulación responsable. Cualquier escenario alternativo llevará a resultados negativos para todos, para los usuarios, para la industria y para la sociedad en general», sostuvieron.

Desde los pasillos de una de las compañías generadoras de electricidad más importantes del país, una fuente destacada asegura que no es trivial el incumplimiento de la regulación y de los contratos durante más de 20 años.

«Tiene un costo que pagan no solo las empresas sino también la sociedad. Que se vaya del país una de las empresas eléctricas del país más importantes del mundo con contratos de muy largo plazo indica que es tarde para resolver los problemas en los que están sumergidos», señaló.

En los últimos cinco años las cuentas de la distribuidora están en rojo. Desde 2017 la empresa Edesur invirtió alrededor de U$S 850 millones. Justamente en ese período, las tarifas de distribución en el AMBA aumentaron 31,5%, cuando los costos subieron 321%, según sostienen en la empresa. 

Fuentes de la propia Edesur precisaron que la distribuidora no puede pagar su deuda a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) porque utiliza parte de esos fondos para cubrir los mayores costos operativos y los aumentos salariales.

«Con este panorama está claro que ningún inversor va a tener interés en invertir en un país que no respeta la ley, ni el derecho de propiedad ni lo firmado por este gobierno ni los gobiernos anteriores», expresó, ofuscado, un exdirectivo de una importante empresa eléctrica. 

Y disparó: «Vienen persiguiendo a los inversores extranjeros desde 1993. No quiero imaginarme una asamblea de accionistas cuando se menciona el caso de Argentina».

En un año electoral la mirada de algunos funcionarios está puesta ahora en quien se quedará con los activos de Edesur. 

Todo indica que los empresarios locales aparecen como los principales candidatos a comprarla, aunque el rojo de la empresa hoy asciende a unos $130.000 millones.

«Es necesario que la oposición monitoree de cerca el proceso de venta accionaria que en breve se abrirá para evitar otro problema grave para el país, teniendo en cuenta que estamos a un año de cambio de gobierno», reflexionó Apud.