A partir del próximo 11 de agosto comienzan a finalizar las concesiones de explotación de las centrales hidroeléctricas, cuyos contratos fueron firmados en 1993 por el Estado Nacional en carácter de “concedente”.
Si bien el conjunto de centrales dadas en concesión es numeroso y heterogéneo, son cuatro las centrales de gran porte ubicadas en las Provincias de Rio Negro y Neuquén, cuyo vencimiento es inminente: EL CHOCON, CERROS COLORADOS, ALICURA Y PIEDRA DEL AGUILA.
En su conjunto estas centrales aportan aproximadamente 4.000 MW de potencia y cumplen un rol de enorme importancia en el abastecimiento eléctrico Nacional y tienen una antigüedad de 50 años en el caso del CHOCON Y CERROS COLORADOS, 40 años Alicurá y 30 años Piedra del Águila. La antigüedad del parque indica la necesidad de inversiones imprescindibles para prolongar su vida útil.
El gobierno ha anunciado por los medios de prensa la decisión de nacionalizar estas centrales e incorporarlas al activo de una empresa publica “HIDRO ENARSA”. Entendemos que se trata de una decisión inconducente y que carece de consistencia técnica ya que ENARSA no está en condiciones técnicas ni económicas de asumir la operación, las inversiones ni garantizar la seguridad de presas en corto periodo que media hasta el vencimiento de las concesiones.
Asimismo, durante 2022 se creó en el marco de la Secretaría de Energía un equipo de trabajo (ETAHC) para analizar el estado y las necesidades de inversión de las centrales en cuestión, que al día de la fecha y vencidos los plazos previstos tampoco se ha publicado dictamen alguno.
Por lo tanto, el IAE Mosconi mantiene sus dichos publicados en sucesivos documentos en 2020, 2021 y 2022 y disponibles en www.iae.org.ar y sostiene la posición que el Estado Nacional debe hacer uso de las cláusulas contractuales que permiten la PRORROGA DEL VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN POR UN AÑO y dejar en manos de la próxima administración que asumirá el próximo 10 de diciembre de 2023, la elaboración de los estudios técnicos y tarifarios que permitan la realización de inversiones necesarias y la normal operación y mantenimiento de activos claves del Estado Nacional y para el sector energético en particular.
En el plazo de un año en el cual esté vigente la prórroga se elaborarán pliegos licitatorios de contratos de servicios de operación y mantenimiento para las centrales actualmente concesionadas. Estos contratos serán administrados por el Estado nacional en carácter de propietario de las centrales cuyas concesiones vencen en fecha próxima.
