Hemos tomado conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo N° 923 “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos», firmado el 11 de julio y que fue publicado en el Boletín Oficial en el día de ayer

El primer comentario que cabría realizar es que tratándose el objeto principal del mismo el lanzamiento de una política para promover la inversión en explotación de hidrocarburos no convencionales, hubiera sido deseable que esa política hubiera sido anunciada de otra forma.

El lanzamiento de una política destinada a atraer hacia la Argentina una corriente de capitales petroleros masiva como para poner en producción una riqueza petrolera y gasífera -¿una de las más grandes del planeta?- debería haber seguido las reglas del arte en la materia, que incluye por lo menos lo siguiente: 1) enunciado de la política por vía de la máxima autoridad de área energética; 2) presentación de información técnica sistematizada a los posibles inversores; 3) discusión y difusión del “Contrato Petrolero Tipo” para llevar adelante la política; 4) información al parlamento para evitar contratiempos en el futuro; 5) realización de giras de promoción por las principales capitales petroleras mundiales; etc. En este contexto el decreto debería haber sido el eslabón final de una cadena de decisiones y acciones previas.

La primera parte del decreto faculta a exportar el 20% del producido del yacimiento sin retenciones  y la garantía de que las divisas generadas por esa exportación sean de libre disponibilidad para el inversor. Esta condición se aplicaría solo a quienes lleven a cabo una inversión de por lo menos 1000 millones de u$s en cinco años. En mi opinión lo dispuesto no alcanza a despejar las incógnitas que podría tener un inversor petrolero para hacer una inversión  de magnitud significativa en Argentina.

La segunda parte del Decreto parece intentar poner orden legal en la concesiones para explotar hidrocarburos no convencionales.  Creo que el camino elegido no es el más conveniente. El principal beneficiado con esto es YPF que podrá transformar en concesiones a 35 años toda su área de de Vaca Muerta (12000 km2). En mi opinión la explotación no convencional requiere de un marco regulatorio específico – una ley- con gran exigencia en las cuestiones técnicas, procedimentales y ambientales y que hoy no existe.