Por Jorge Lapeña para Diario Rio Negro
El 2020 ha sido un año terrible para el mundo y para la Argentina. La pandemia pegó duro. Caída de la actividad económica y aumento de la pobreza; la economía impotente; la inflación galopante. La política agonal criolla definitivamente no tiene capacidad de generar acuerdos de ningún tipo, porque no tiene ideas. Ergo no puede sacar el país del pozo.
Todos aprendimos este año una enseñanza: el “discurso del político” no resuelve problemas políticos, ni crea bienestar, y tampoco sirve para gobernar. La política va a tener que volver a los “Programas de Gobierno”; y cumplirlos.
La energía es un barco al garete. Los males energéticos estructurales del Siglo 21 están intactos: a) no hay ni gas ni petróleo barato para incrementar la producción y venderla al exterior, y tampoco hay infraestructura para hacerlo; b) Vaca Muerta no compite ni en gas ni en petróleo; es decir no es -en un futuro cercano- monetizable; y c) Los subsidios energéticos que fueron la contrapartida del ilógico congelamiento tarifario que rigió hasta 2015, son más grandes que nunca. El congelamiento de tarifas actual rige desde hace más de 12 meses.
En 2020, los secretarios de Energía no dirigen el sector, son solo un nexo entre un conjunto de actores corporativos que piden subsidios y el ministro de Economía que a su vez dialoga con acreedores y el FMI. Ideas energéticas nuevas por ahora no hay ninguna.
En este contexto desalentador existen numerosos problemas irresueltos; veamos algunos:
1) El gasoducto del GNEA construido para cumplir con el contrato de importación de gas Bolivia firmado en 2007 no ha sido aún inaugurado. No solo eso Argentina ha tolerado y tolera un precio del gas boliviano exorbitante frente a los precios internacionales del gas. Inexplicablemente el contrato no ha sido aún renegociado por el gobierno actual.
2) Alberto Fernández envió al Congreso y logró la sanción de la ley Emergencia Pública 27561 en diciembre de 2019, que en su artículo 6 determina la intervención de los Entes Reguladores – ENARGAS y ENRE. Sin embargo los interventores designados no han dado cumplimiento al proceso de Renegociación de la Revisión Tarifaria ni tampoco se realizó una revisión de carácter extraordinario en 180 días (plazo vencido en junio) como lo estableció el artículo 5 de la ley 27561.
3) El presidente acaba de anunciar el Plan Gas como hipotética tabla de salvación ante el anunciado cataclismo importador de gas el año que viene. Nadie ha visto hasta ahora ningún Plan Gas que merezca llamarse tal que permita saber cuál será la producción incremental de ese plan y el costo de esa producción incremental.
4) El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, acaba de informar en la Cámara de Diputados que las distribuidoras de gas natural en total deben 57.436 millones de pesos a las productoras de gas (cifras de junio 2020). Dicho de otro modo, las compañías están tan mal que no pueden pagar el gas que venden en nuestros domicilios.
Como consecuencia de ello las empresas de servicios públicos energéticos -en general y no solo las de gas- se acercan cada vez más a la cesación de pagos a sus proveedores; la estación previa a la quiebra que, por el peligro político que ello encierra, será evitada con una mezcla brutal de ajuste y subsidios del Tesoro.
5) Finalmente, YPF, nuestra nave insignia histórica, está muy complicada desde lo económico y financiero. El insólito proyecto de ley oficialista de “Impuesto a la Riqueza” determina que los «ricos» que viven en Argentina transfieran gratuitamente US$ 1000 millones a YPF; pero aún no sabemos para qué y de qué forma.
6) En mayo de 2020 se implementó la política de precios del crudo del barril criollo, que fijó un precio local muy superior a los del mercado internacional. Solo sirvió para demostrar que los nuestros no compiten.
La descripción de la situación actual es realmente decepcionante: hay olvidos inexplicables; hay atrasos en la toma de las decisiones, hay falta de información y quizás una falta en el oficialismo de tipo programático. Una pregunta que deberíamos quizás hacernos entre todos es si la situación de YPF amerita un salvataje o simplemente se resuelve con una dádiva del impuesto de Emergencia como ha impulsado el partido gobernante. Si acaso correspondiera el salvataje, la pregunta es si la solución al problema de YPF no ameritaría una solución política un poco mejor calibrada y acordada entre los partidos políticos nacionales. Lo cual hoy parece utópico.
La segunda pregunta que cabría formular es porqué el gobierno de Alberto Fernández persiste con la idea del congelamiento tarifario acompañada de subsidios sin financiamiento genuino, que en última instancia es la política que impulsó Cristina Kirchner en sus mandatos. ¿Será acaso una “política de estado” impulsada por su espacio político?
Esto es raro ya que en una economía inflacionaria como la argentina el congelamiento tarifario lleva a las empresas a la quiebra. ¿A quién le puede convenir este escenario en el Siglo 21?
Prefiero pensar que la ignorancia juega un rol muy importante en este caso. Mi hipótesis es que quienes dirigen desde el sector energético ignoran la diferencia entre “precios energéticos” y “tarifas energéticas”. El funcionario debería saber que, siendo la “tarifa” una “retribución regulada por el Estado” a un servicio que se presta en condición de monopolio natural, cuando no se regula en tiempo y forma, el funcionario incumple sus deberes.
En cambio, los precios energéticos solo pueden ser libres cuando surgen de mercados competitivos y no de mercados concentrados como ocurre en Argentina hoy.
