El gobierno del presidente Milei cumplió sus primeros 63 días; superó ya la mitad de “los dulces cien días” que –según es costumbre– no se le niegan a ningún gobierno; y donde también se le perdonan los errores de principiante. Las encuestas corroboran esas mieles y muestran todavía una confianza de los ciudadanos.
El Presidente ha viajado a Davos e intenta explicar a los hombres de negocios del capitalismo mundial las bondades del anarcoliberalismo. En la semana que trascurre visita Israel. Las fotos lo muestran llorando en el Muro de los Lamentos con las manos apoyadas en el histórico monumento. Anuncia a la Argentina y al mundo que el embajador ante Israel será su propio rabino; y además hace un anuncio personal: que reconocerá a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Tras cartón, irá al Vaticano y se reunirá con Francisco.
Mucho ruido; pocas nueces; muchos golpes políticos para tan poco tiempo de un gobierno heterodoxo e inexperto. Esta semana se produjo la noticia política del año: el extravagante proyecto de ley de 650 artículos conocido como “ley ómnibus” elaborado por el outsider de la política Federico Sturzenegger para Patricia Bullrich –que había sido aprobado en general la semana pasada– volvió a Comisión porque no pudo superar el tratamiento en particular de los casi 350 artículos que habían quedado en pie. Se trata de una gran derrota para Javier Milei en primera persona. Debe tenerse presente que en este período entró en vigencia del DNU N° 70, que es considerado un exceso legislativo del Poder Ejecutivo, que todavía no ha logrado demostrar ni su necesidad ni su urgencia y todavía no se expidieron las comisiones que lo deben tratar en ambas cámaras parlamentarias.
El rechazo al raro proyecto de ley impulsado por el Presidente debe ser interpretado como un mensaje político: Javier Milei debería corregir los errores de juventud de su gobierno, que no son pocos. Debe dejar en claro su compromiso con el espíritu de la Constitución Nacional. Son fundadas las dudas de quienes piensan que el Presidente no cree en la división de poderes y que tampoco comprende su propia debilidad en el Poder Legislativo.
En ese período han ocurrido varios hechos significativos: la inflación legada por el gobierno kirchnerista, que era en diciembre del 155% anual, a fin de enero se ubica en torno del 250% anual, provocado por el salto devaluatorio impulsado por el ministro Caputo a fines de diciembre. Es obvio que tamaña aceleración inflacionaria se sentirá fuerte en la pobreza, que alcanza al 50% de los argentinos; y en los reajustes a los jubilados. Lo paradójico es que en estos dos temas el gobierno de Milei dejó al descubierto que tomó las decisiones sin que existiera un programa paliativo para enfrentar ambos impactos negativos previsibles y de consecuencias devastadoras en la población afectada. El Gobierno no poseía ninguna política contingente.
La experiencia de los 63 días de gobierno prueba que La Libertad Avanza no poseía, a la hora de asumir el 10 de diciembre, un programa de gobierno coherente que le permitiera por lo menos dar los primeros pasos seguros de un gobierno que se inicia. Tampoco el jefe del Gabinete de ministros tuvo el tino de explicar a la sociedad y a los actores económicos y sociales las políticas a aplicar.
Es necesario asumir que Argentina atraviesa una crisis profunda de su sistema de partidos políticos. Es momento de asumir que, no obstante que la Constitución Nacional de 1994 ha definido a los partidos políticos en su art. 35 como “instituciones fundamentales del sistema democrático”, es la misma Constitución la que garantiza su organización y su funcionamiento democrático y el Estado el que contribuye al sostenimiento económico de sus dirigentes. El presidente Milei es parte del contexto de crisis de los partidos políticos argentinos sin precedentes en los últimos 120 años. La crisis se agravó en el siglo XXI, e incluye el espacio político del propio Presidente
En el contexto de crisis no asumida, los partidos políticos decadentes han disimulado sus falencias conformando espacios políticos con fines exclusivamente electorales. Ya no existen las plataformas programáticas homogéneas y coherentes aprobadas por los cuerpos orgánicos partidarios, y es poco o nulo el prestigio de los dirigentes partidarios que revelan las encuestas. Ha aumentado la improvisación a la hora de gobernar, y es sabido que la corrupción sistémica ha sido práctica habitual y tolerada en el presente siglo.
El gobierno de Milei no logró todavía la aprobación de ninguna ley importante, ni ha reunido consensos políticos sobre la aplicación de políticas públicas prioritarias en el corto plazo: 1) no logra reunir consensos respecto a su política de actualización de las jubilaciones en un contexto de alta inflación; 2) no logra consensos parlamentarios para el lanzamiento de una política energética que incluye la transición energética y los criterios para fijación de precios y subsidios de la canasta energética; 3) el Presidente, al haberse autodefinido como un “negacionista del cambio climático”, genera dudas importantes en la comunidad internacional y en el país respecto a políticas de equipamiento futuras; 4) tanto el Presidente como su secretario de Energía han sido confusos en el rol que debe cumplir el Estado nacional en la definición y aplicación de una política energética, y 5) a pesar de ser un tema muy urgente, han omitido olímpicamente definir su postura frente al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas.
Los partidos políticos tampoco han tenido un rol relevante para promover el cauce los debates; es una demostración de pereza haber dejado la resolución de la ley ómnibus y del DNU solo en mano de los legisladores. La importancia de los temas ameritaba posicionamientos institucionales partidarios. No basta con haber confiado los posicionamientos solo a los jefes de los bloques parlamentarios. Eran importantes los pronunciamientos partidarios que ayudaran al gobierno inexperto a encauzar la situación por carriles de diálogo y de acuerdos. Era un momento que ameritaba más diálogo, mejores redacciones y menos atropellos de los que se vieron en las últimas semanas.
En los primeros 63 días afloraron problemas graves que han sorprendido al Gobierno, lo que evidencia la carencia de un trabajo de elaboración programática previo. Veamos algunos ejemplos:
- El gobierno de Milei ha actuado de la misma forma que el kirchnerismo frente a la finalización de las concesiones de las grandes centrales hidroeléctricas y, al igual que el kirchnerismo, ha prorrogado el vencimiento de las mismas tratando de ganar tiempo. Es el momento de fijar posiciones oficiales y darlas a conocer para generar los acuerdos parlamentarios futuros.
- La semana del 29 de enero al 4 de febrero Argentina afrontó una ola de calor generalizado que exigió al máximo el sistema eléctrico, lo cual incluye su parque generador, su Sistema Nacional de Interconexión en alta y extraalta tensión y los sistemas de distribución en el AMBA.
El jueves 1° de febrero a las 15 se alcanzó la máxima demanda histórica de la totalidad del sistema, de 29.653 MW. Para poder satisfacer esa demanda fue necesario recurrir a la importación de 2.264 MW de Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia; sin esos aportes nuestro sistema hubiera tenido que afrontar importantes cortes de suministro. Además, en esos días hubo cortes importantes en el sistema de distribución en media y baja tensión que afectaron diariamente a más de 50 mil usuarios en el AMBA.
Ello demostró la obsolescencia crónica de nuestro parque de generación y otras fallas estructurales del sistema (7.150 MW se encontraban indisponibles por razones diversas). Además, se ha puesto en claro que nuestro sistema de generación eléctrica tiene una gran preeminencia de centrales termoeléctricas (aproximadamente un 57% del total de la generación) que deberán ser reemplazadas por centrales que no emitan gases de efecto invernadero, lo cual va a contramano del pensamiento presidencial, y ello requerirá inversiones privadas de magnitud extraordinaria.
Es importante que el gobierno del presidente Milei haya tomado la decisión de intervenir los entes reguladores del gas y de la electricidad. Los entes nunca más deberían cumplir los roles al servicio de un partido político que han cumplido en este siglo en varios gobiernos. Su función es hacer cumplir los marcos regulatorios asegurando para los usuarios servicios de calidad y precio justo. Es correcta además la centralización de los entes en un solo organismo, como se ha propuesto. Sin embargo, creo que hubiera sido oportuna también la intervención de Cammesa, ya que es a través de esta empresa mixta integrada por las empresas privadas y el Estado nacional que se ha implementado un sistema distorsivo de fijación de precios de la electricidad en perjuicio del Tesoro nacional, que es prioridad corregir.
inalmente, cabría decir que el gobierno del presidente Milei deberá cambiar de raíz los criterios de fijación de tarifas de los combustibles y de los servicios públicos de energía, sin los cuales no es posible la vida en sociedad. Los precios pueden ser libres pero la condición sine qua non es que esos precios se determinen en mercados abiertos, transparentes y competitivos. Mientras esas condiciones no se cumplan –y el Gobierno no procure su cumplimiento–, los precios deberían ser transitoriamente regulados conforme a los costos auditados de los mismos, como lo establece la ley.
(*) ex secretario de Energía. Presidente del IAE Mosconi.
Perfil 11 de febrero de 2024
