El gobierno del presidente Macri cumple dos años desde que fue elegido en la segunda vuelta de las elecciones de 2015 en las que se impuso, por muy escaso margen,  al entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Las elecciones de medio término amplían esa exigua ventaja de hace dos años a una victoria mucho  más amplia a nivel nacional en las elecciones parlamentarias de este año.

El gobierno se afirma políticamente adoptando decisiones en los diversos ámbitos del quehacer nacional que van configurando una forma de gobernar que muestra aciertos y también algunos errores dentro de un contexto que considero altamente positivo: la demagogia, el populismo, la mentira estadística y la corrupción de ex funcionarios están siendo reemplazadas por formas de gobierno más transparentes y más republicanas de la actual administración.

La economía ha empezado a crecer;  la inflación a retroceder y la pobreza a disminuir. Así lo muestran los datos ahora confiables de un INDEC recuperado al servicio del Estado y de la comunidad;  un Banco Central que cumple con su obligación de resguardar el valor de la moneda. Las inversiones públicas en infraestructura – caminos, autopistas y energía- juegan un rol importante en esa reactivación.

Me interesa particularmente focalizar este artículo en el análisis de la evolución en estos dos años del funcionamiento del sector eléctrico cuyo estado verdaderamente lamentable en lo técnico, lo institucional y lo económico a fines de 2015 presagiaban el peor de los futuros para el gobierno que iniciaba sus funciones el 10 de Diciembre de 2015.  

La Emergencia del sector eléctrico nacional  fue establecida mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N° 135/2015 del 16 de Diciembre de 2015 con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2017. El  decreto que lleva la firma de Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Energía Juan José Aranguren  constituyó un acto temprano de gobierno dictado a tan solo 6 días de haber asumido sus funciones.

Ha sido además una medida acertada de acuerdo a las exigencias de las circunstancias históricas únicas por las que atravesaba el sector eléctrico en la década precedente: calidad técnica declinante de los suministros; cortes de suministro frecuentes y prologados; inversión insuficiente en distribución y generación, tarifas subsidiadas y deprimidas; fuertes deterioros patrimoniales de las empresas prestatarias de los servicios públicos de distribución y transmisión de electricidad a nivel nacional.

Me interesa destacar que el plazo establecido por el Poder Ejecutivo para resolver la Emergencia de tan solo dos años (vence a fines de 2017), que pudo parecer optimista en 2015, se ha cumplido, y esto debe computarse como un acierto concreto en un país como Argentina  acostumbrado a no cumplir los plazos

Es importante destacar que las deficiencias del funcionamiento del sector eléctrico argentino en 2015 eran evidentes y además perceptibles por la población. Además habían sido diagnosticadas desde 2008 entre otros por el Grupo de Ex Secretarios de Energía que dedicó varios declaraciones públicas sobre el tema; esos diagnósticos fueron  recogidos en los acuerdos programáticos firmados por los candidatos a la presidencia de la Nación en al año 2014, que incluyeron al propio actual Presidente de la Nación. Están además descritos en nuestro libro “CONSENSOS ENERGETICOS 2015. La Propuesta para salir de la Crisis Energética

Me interesa entonces puntualizar lo que considero realizaciones concretas del Gobierno y particularmente del Ministerio de Energía que posibilitan que con toda seguridad el 31 de Diciembre de 2017 la Emergencia Eléctrica quede como un mal recuerdo del pasado que hemos superado entre todos y con el esfuerzo de todos.

  • La exitosa convocatoria a inversores privados para ampliar la potencia instalada mediante licitaciones públicas internacionales que permitieron aumentar en forma significativa la potencia instalada de generación eléctrica.
  • La exitosa puesta en marcha del Plan Renovar para la instalación de centrales de Energía renovable (eólica; solar; biomasa; pequeñas centrales eléctricas). 
  • La fuerte y evidente disminución de los cortes del suministro y el aumento de la calidad del servicio público de electricidad.
  • La realización de los procesos de Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las empresas de Distribución de Jurisdicción Federal (Edenor y Edesur) y para las empresas de Transporte en Extra Alta tensión (Transener) y las distribuidoras troncales (Distros).  
  • La realización de los procesos de Audiencia Pública para las RTI previstos en la ley 24065;
  • La fijación de un Régimen de Tarifa Social para los sectores de menores recursos.
  • La normalización de los Entes Reguladores de jurisdicción nacional (ENRE y ENARGAS) mediante concursos públicos. 
  • La eliminación gradual de los subsidios a la generación eléctrica que fueron fuertemente crecientes a los largo de los últimos 12 años de virtual congelamiento tarifario.
  • El lanzamiento de la Central Hidroeléctrica Aña Cuá y la formalización de importantes acuerdos con la República del Paraguay en Yacyretá.

La lista precedente de hechos y realizaciones concretas de estos últimos dos años son emblemáticos para caracterizar un efectivo cambio de rumbo en la forma de gestionar el sector eléctrico respecto a los modos en que se gestionó este sector desde la salida de la convertibilidad en conjunción con la vigencia  de la ley de Emergencia Económica varias veces prorrogada  en los últimos tres lustros.

Mencionemos que la normalidad al sector eléctrico ha llegado para quedarse. Quizás nada describa mejor la realidad sectorial que lo que muestran las cotizaciones de la Bolsa de Buenos Aires de las empresas eléctricas que aseguran al inversor el mantenimiento de sus activos y el hecho, además, que es una buena opción invertir ahorros en el sector eléctrico argentino, un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente.

 

18 de octubre de 2017