En la primera década del nuevo siglo en Argentina, se hizo cada vez más común y
más tolerado por las autoridades la toma de espacio público para dirimir
conflictos sociales, gremiales, estudiantiles, y para efectuar protestas de
diversa índole. La idea común a todas estas manifestaciones era que tomando el
espacio público (una ruta nacional, una calle céntrica, una escuela), o un bien
público (un ferrocarril, un aeropuerto) e impidiendo a muchos el uso del espacio
o del bien público se hacen visibles los
reclamos, y consecuentemente se encara la resolución de los problemas que
desencadenaron el conflicto.

Este fenómeno estuvo acompañado de una tolerancia oficial infinita con la
protesta, bajo un lema erróneo impulsado por el propio gobierno desde 2003 en
adelante: la protesta no debería ser
criminalizada y por lo tanto debería ser tolerada de todas las formas en que la
protesta se materialice.

En forma errónea se postulaba que orden era igual a autoritarismo, y
autoritarismo era sinónimo de dictadura, por lo tanto, orden era sinónimo de
dictadura.

Bajo ese paraguas conceptual las autoridades
constituidas toleraron la protesta, pero además
los métodos de la protesta,
cualesquiera que estos sean. El estado perdió así -de hecho- el control del
espacio público

El fantasma que dio cobertura a esta falacia fueron los asesinatos por fuerzas
policiales de los militantes de
izquierda Kostecki y Santillán de las cuales se acaban de cumplir 10 años y que
lamentablemente no serían las últimas muertes que veríamos los argentinos.

El error en que a mi criterio se ha incurrido en estos años fue confundir el
concepto “criminalizar la protesta”
con el hecho de que “el método elegido para la protesta puede ser delictivo o criminal”,
que no es lo mismo. Puede haber protesta con métodos criminales y protestas
con métodos normales.

Veamos un ejemplo: protestar gremialmente tomando un acueducto e impidiendo a
una población acceder al agua potable, es un hecho criminal que puede tener
consecuencias terribles para la salud de una población. Lo criminal no es en este caso la protesta gremial, que puede ser
lícita; lo criminal es dejar sin agua a la población
.
Es obvio que ni la justicia ni las autoridades constituidas deberían
permitir atropellos de esta naturaleza.

El máximo de esta errónea política oficial en estos años fue el corte del puente
internacional Fray Bentos-Puerto Unzué con el Uruguay a raíz del conflicto con
la papelera Botnia. Argentina toleró el
corte, las autoridades policiales y las fuerzas de seguridad no restablecieron
la circulación ante la indiferencia de la autoridades políticas. Cuando la
justicia ordenó desalojar el puente, un ministro de la Nación con máxima
autoridad sobre el tema declaró que “la
orden del juez era de cumplimiento imposible”.


LA PROTESTA GREMIAL Y LA PRODUCCIÓN DE PETROLEO

El 30 de Junio pp. se conoció un comunicado de la empresa Pan American Energy en
el cual la compañía hace un pormenorizado balance de la situación en el
yacimiento de Cerro Dragón en
Chubut, a 9 días de la ocupación del yacimiento por parte de operarios que
realizaron una toma violenta en el marco de un reclamo de índole gremial.

El panorama es complejo y según la empresa, transcurridos 9 días desde la toma
se verifica que:

  • El yacimiento de
    Cerro Dragón está produciendo
    al 54% de su producción equivalente de hidrocarburos anterior a la toma;

  • Sólo mantiene el
    43% de los pozos productores en operación;
  • Sólo el 40%
    de la producción de petróleo
    que el yacimiento mantenía antes de su
    ocupación ilegal;
  • El 43% de
    la generación eléctrica
    en relación con la energía abastecida previa al
    ataque

La empresa denuncia que “ha enfrentado
las condiciones más adversas que se le hayan presentado en toda su historia
,
y -muy importante- que no contó con el
auxilio de fuerzas de seguridad de la Provincia
, como para evitar la toma de
sus instalaciones”.

Tampoco obtuvo una rápida intervención
para reponer en tiempo real el control de la empresa sobre instalaciones
estratégicas para la Provincia y la Nación.
Y luego de haberse retirado los
ocupantes ilegales, dejando tras de sí instalaciones devastadas,
no hubieron fuerzas de seguridad que garantizaran el tránsito entre
Comodoro Rivadavia y Cerro Dragón
.

La empresa sostiene “que tampoco hubo
jueces que acogieran las denuncias y procedieran a la aceptación de su
competencia
, que investigaran rápidamente las pruebas recogidas y detuvieran
a quienes resultaran los más
evidentes responsables. Al día de hoy, no
se imputó ni se tomó declaración a persona alguna”

Estos hechos son gravísimos, y se suman a las tomas de yacimientos del año
pasado en las provincias de Santa Cruz y
Chubut que tuvieron como blanco a la empresa YPF, y que son responsables de una
caída productiva sin precedentes por su magnitud en la producción de
hidrocarburos en Argentina en el año 2011.

CONCLUSIONES

Los hechos ocurridos en el Yacimiento de Cerro Dragón
son inadmisibles en una República
moderna; están reñidos con la Democracia y con el Derecho. Son delitos que no
deben quedar impunes.

La dirigencia política debe denunciarlos y combatirlos, como formas aberrantes
de la protesta. Es necesario esclarecer a la ciudadanía que la libertad de cada
uno tiene límites impuestos por la libertad y
los derechos de los demás ciudadanos.

Todo esto nos introduce en un nuevo y hasta ahora no abordado problema en
nuestro país: el de la seguridad de las fuentes de energía frente a riesgos de
diferente tipo. Riesgos que si bien pueden tener baja probabilidad de ocurrencia
no son imposibles, y cuya ocurrencia puede tener consecuencias irreparables para
la Nación. Nos estamos refiriendo a los riesgos de ataques (terroristas,
militares, turbulencias sociales, etc.); y de su prevención,
que en una sociedad cada vez más compleja preocupan a todos los gobiernos
modernos del mundo. Argentina no debería soslayar estos temas.